UN ESTIGMA
CON-SENTIDO. DERECHO A LA CIUDAD
Y VIOLENCIA MEDIÁTICA:
EL CASO DE LOS “CHICOS DE LA GLORIETA”
Universidad Nacional
de
Resumen
El trabajo aborda el tratamiento mediático del problema de
los chicos en situación de calle que dormían en la glorieta de la Plaza San
Martín (La Plata), en una clave interpretativa asociada a la tensión entre mixofobia
y mixofilia que según Bauman caracteriza a la vida contemporánea. La
creciente importancia de la percepción de inseguridad en la configuración de la
socialidad urbana crea condiciones para un urbanismo autoritario y privatista
que pretende garantizar “espacios seguros” a quienes “merecen la ciudad”,
separados de las zonas de la pobreza que constituyen cárceles a cielo
abierto.
Así, la construcción social del miedo y la estigmatización
de ciertos sujetos ocluyen la condición de víctima de quienes sobreviven en el
centro de la ciudad y lleva a un extremo la mixofobia de amplios
sectores de la sociedad. En el caso analizado, el trato indiferente a la
denuncia sobre escuadrones de la muerte –o incluso un solapado aval a
ese tipo de “soluciones”–, evidencian una gran responsabilidad de la prensa en
la violencia ejercida sobre los grupos sociales subalternos, con operaciones
simbólicas que consienten y naturalizan esa “vida desnuda” en la que la muerte
puede llegar en cualquier momento.
Palabras clave: ciudad, violencia, medios, ‘chicos
de la calle’.
“...la relación entre derechos humanos y comunicación se centra en la
disputa entre los diferentes proyectos sociales que compiten en condiciones
diferenciales por la conquista de una nueva hegemonía planetaria que habrá de
decidir quiénes caben y quiénes no: se trata fundamentalmente del debate entre
la inclusión y la exclusión. De qué manera acercarse a una problemática que,
desde mi perspectiva, rebasa la dimensión jurídica e incluso a los medios de
comunicación, que no son sino la expresión más visible y un elemento más de la
estructura de desigualdad que tiene que ver no sólo con indicadores económicos,
sino fundamentalmente con las maneras en que los seres humanos se construyen a
sí mismos en su relación con los otros...” (Reguillo, 1998)
Existe una relación
entre violencia y medios de comunicación que va más allá de la que tematizan
los críticos de la moral cuando impugnan las películas de golpes y tiroteos en
los horarios de protección al menor,
echando mano a una psicología de entrecasa que imagina que si los chicos ven
armas en la tele querrán armarse y salir a los tiros.
Existe una relación
entre violencia y medios mucho más simbiótica, que nos permite convertir a
cualquiera de los sustantivos de la relación en un adjetivo: hablar de medios violentos o, mejor, del ejercicio
de una violencia mediática. Y es posible pensarla críticamente
del mismo modo en que se desmontan los dispositivos y prácticas de la violencia
institucional (1), esa que
sufren cotidianamente los grupos desaventajados –que son hoy, contra la lógica
de la equidad, los más des-protegidos–, pertenecientes a sectores sociales
subalternos.
Incluso es posible
–y provocativo– pensar esa violencia de los medios también como una forma de violencia institucional; lo cual conduce
a expandir la mirada y pensar aquel término más allá del brazo policíaco del Estado, y más allá del
mismo Estado. Podemos decirlo con casos concretos: indudablemente hay violencia institucional en el gatillo
fácil de la policía y en las torturas cotidianas de los servicios penitenciarios,
pero también existe en el ausentismo y la pereza de los magistrados –es decir,
en las largas esperas en esos ámbitos judiciales que convierten a las personas
en expedientes y a los expedientes en números–, en los bolsones de comida que
no alcanzan para nada, o en el reparto discrecional de planes sociales
hiperfocalizados. Incluso hay violencia en el discurso escolar empecinado en
repetir lecciones que responden a preguntas de un país que ya no existe y que
ignoran los problemas del mundo que los pibes habitan aquí y ahora. Finalmente,
hay violencias institucionales que están más allá de lo que habitualmente
visualizamos como la estructura del Estado.
En ese plano,
hablar de los medios no es ir tan lejos, si pensamos que distintas corrientes
del pensamiento social –desde la matriz republicana que construyó el mito del
“cuarto poder” hasta el marxismo althusseriano que los señaló como aparatos
ideológicos (2)– han
colocado a los medios de difusión como parte de (o en relación con) esa
estructura o trama de instituciones que llamamos Estado. Corrientemente los
reconocemos como organizaciones o instituciones que brindan un servicio
público –o, cuanto menos, un servicio de interés público– por lo cual no es
descabellado pensar la violencia de los medios como una forma de la violencia
institucional. La pregunta entonces sería: ¿qué violencia ejercen los medios
de difusión?
Al esbozar una respuesta
evitaremos aquí disquisiciones teóricas sobre qué entendemos por violencia –que
podrían llegar hasta citar al Indio Solari cuando decía que violencia es
mentir–. La propuesta es pensar a la violencia como una práctica con
sentido.
Cuando hablamos de
la tortura en una cárcel, la práctica puede ser la aplicación de picana
eléctrica, el “submarino seco” o cualquier otra, pero el sentido siempre es el
mismo: la negación del otro. Es
decir, la negación al otro de su condición de persona, de ciudadano, de sujeto
con derechos.
Ese primer ejemplo
implica pensar un caso de violencia física. Lo que queremos dejar planteado
aquí, para hablar de los medios, es la noción de violencia simbólica. La
práctica difiere: es la escritura de un artículo, una entrevista radial, un
montaje televisivo. Son prácticas discursivas. Pero el sentido es el
mismo: una negación del otro, que
produce la “nuda vida” sobre la que reflexiona Giorgio Agamben (3), ese despojo de los atributos de
humanidad que apenas permite una sobrevivencia alejada de la condición de
sujeto.
La mayor parte de
los medios de difusión masiva, hoy y aquí, ejercen sistemáticamente una
violencia simbólica sobre los sectores subalternos o desaventajados de la
sociedad. La forma de nombrarlos, de hablar de ellos o bien de silenciarlos,
contiene el mismo sentido que
la violencia física: la negación al otro de su ser-persona, de su estatus de
ciudadano, de sujeto con derechos.
“La tradición de los
oprimidos nos enseña que el ‘estado de excepción’ en el cual vivimos es la
regla” (Benjamin, 1942)
Llevemos la noción
de violencia simbólica a un caso reciente y vigente: el de los pibes que
dormían en la Glorieta de la Plaza San Martín de La Plata. En verdad, en esta
ciudad hay centenares de pibes que sobreviven en la calle, pero en varios
momentos de 2008 fue como si sólo ellos fueran un problema. Un periodista de
Radio Provincia le preguntó a un comisario –cuando fueron noticia– cómo podía ser que un grupo de menores
estuviera viviendo frente a la gobernación y frente a la legislatura, y el
problema parecía ser ese: el lugar céntrico y la cercanía al poder.
Corresponde decir
sobre estos chicos algo que ya hemos apuntado en otros artículos (Badenes,
2008a). Primero, eso: son chicos. Tienen 6, 11, 17 años. Es decir: los parieron
cuando el corralito, el déficit cero, los recortes a la salud, las privatizaciones
de servicios y de recursos estratégicos. En otras palabras, nacieron con una
condena que difícilmente puedan evitar: van a morir de hambre, de frío, quizá
de un balazo o torturados en una noche de comisaría. En ese contexto debe
pensarse su “nuda vida” que no es un estado de excepción sino regla, pues no es
coyuntural sino estructural, no es pasajera sino constante esa sobrevivencia
a la intemperie, robando para sostener
la vida y drogándose para aguantarla.
Aboquémonos a lo
que sucedió con ellos entre junio y agosto. Los chicos se hicieron “visibles”
cuando las autoridades de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación, a raíz de algunas roturas y problemas de robos recurrentes, llamaron
a la Policía. El 21 de julio –poco después y ante la falta de respuestas del
Estado– un grupo que se denominó Autoconvocados por los Derechos de los
Pibes organizó una olla popular que dio más notoriedad al problema. Unos
días más tarde, casi a la medianoche, cuando el grupo se retiraba de la Plaza,
más de 20 personas de civil con pistolas, fierros, cadenas y navajas, llegaron
para golpear y amenazar a los chicos que pasaban sus noches en la plaza. Sobre
una calle de su perímetro había cuatro agentes de policía (que vigilaban la olla popular desde el
primer día) y estos, en vez de impedir la situación, retuvieron en la plaza a
los chicos que querían escapar.
Eso es, en
síntesis, lo que sucedió. No es exagerado asimilar esa violencia física a la acción de escuadrones de la muerte, como
hicieron las organizaciones sociales y de derechos humanos que denunciaron los
hechos. Ahora bien: ¿cómo actuaron los medios?
Los medios fueron
parte de la violencia contra los pibes. Antes y después de esa noche,
ejercieron una violencia simbólica que tenía el mismo sentido de la
acción impune del grupo parapolicial: negarlos como ciudadanos y como sujetos
de derechos.
Esto no es nuevo
sino algo a lo que estamos acostumbrados: que los medios nos hablen de un
sector de la población como malvivientes,
delincuentes, drogadictos, elementos nocivos, y sólo digan de ellos que
ponen en peligro a las personas y los ciudadanos
decentes, normales e indefensos. Pero llevémoslo al análisis concreto de un caso para
ver la dimensión de la violencia –vale insistir: una violencia ejercida sobre
chicos de 6 o 17 años abandonados a su suerte–.
“Poco se ganará con
la apertura de los medios de comunicación o con la creación y fortalecimiento
de redes comunicativas al proyecto dominante, sin un trabajo previo de
desmontaje crítico de los dispositivos, discursos y mecanismos que naturalizan
la exclusión y expropian la posibilidad de la palabra...” (Reguillo, 1998)
Revisaremos a
continuación los artículos que publicaron en esos días el semanario nacional Perfil y en el matutino local El
Día. Fueron los iniciales y
son representativos del “tono” con que también siguieron el tema la radio y la
televisión. Cabe decir que hubo algunas excepciones, tan gratas como escasas.
En principio, como
siempre, la mayor parte de las veces se nombra a los pibes con un adjetivo: menor. No son niños, jóvenes, personas o ciudadanos: son menores.
Perfil les dedicó una extensa nota el domingo 27 de julio titulada “Una banda
de pequeños ladrones que ya tiene más de 170 causas”. Explicaba: “Son 13 menores que tienen entre 11 y 17
años. Los más grandes obligan a los chicos a robar porque saben que entran y
salen de la comisaría en pocas horas. Usan pedazos de vidrio, cuchillos,
sevillanas y destornilladores para amedrentar a sus víctimas. Así las despojan
de teléfonos celulares, relojes, anillos, dinero y ropa que después venden. Uno
que tiene 13 años fue detenido treinta veces. Y el más chico del grupo, 17.
Aspiran pegamento todo el día y duermen debajo de la glorieta de la plaza San
Martín, en pleno microcentro de la ciudad de La Plata”. El artículo en
cuestión se alarma por los chicos que
“aspiran pegamento a la vista de todos”. “Chicos que deberían estar en la
escuela o en la plaza pero no mendigando ni robando, jugando. Ahora son siete
pero faltan cinco o seis. Probablemente alguno se encuentre en la Comisaría 1ª
de La Plata, esperando a que algún familiar lo rescate para devolverlo a la
calle. Así viven. Entre la indiferencia de los que caminan por la plaza todos
los días. O los que miran impávidos ese refugio improvisado y tan público,
donde se apilan colchones, cuelga ropa y se junta mugre. Así viven. Sin
límites”. De casi 1500 palabras que contiene la nota, no hay ninguna que
refiera a las causas de esa situación. La preposición “sin”, que denota una
carencia, refiere a la falta de límites. Podría haber hablado de pibes que
están sin poder comer sin robar, o sin
poder aguantar la vida que les tocó sin drogarse. Pero Perfil publicó: “Sin límites”, y las
palabras no son inocentes.
Llamar a la
glorieta de Plaza San Martín “su única guarida” tampoco lo es. Tergiversa y
oculta; hacer perder de vista una historia de despojos y, en definitiva, la
condición de víctima.
Es importante tener
en cuenta que la publicación que citamos apareció un domingo, dos días después
del episodio de la represión “civil”. El semanario que utiliza como eslogan la
expresión “periodismo puro” no incluía ninguna referencia al respecto. Por el
contrario planteaba que los menores
“siguen allí, aspirando y robando. Y allí seguirán hasta que ocurra una
tragedia o hasta que alguien haga algo. Pero en serio” (4).
El lunes fue el
turno de El Día, que publicó un
artículo titulado “Crece el temor por banda de menores en Plaza San Martín”,
que se iniciaba recordando la preocupación por una “ola de robos” que ya había
sido comentada por el diario el 18 de abril: “La denominada, por ese entonces, ´banda de la frazada´, integrada por
varios menores de edad, es un problema que aún hoy, a varios meses de aquella
publicación, no ha encontrado ninguna solución; todo lo contrario, continúa
generando temor en las personas que diariamente deben recorrer ese tradicional
paseo público de nuestra ciudad”.
La nota habla de “un grupo de
unos 13 adolescentes, de entre 11 y 17 años, quienes, por lo general, venden lo
que roban para poder comer y hasta drogarse, de acuerdo con lo informado por
fuentes del caso”. Describe la
metodología de sus delitos, según “indicaron
los voceros consultados”. Menciona que los jóvenes duermen en la
glorieta y tienen “entradas a la
comisaría primera”, y destaca: “se
muestran desafiantes frente a la autoridad y con conocimiento de que, por su
edad, si los detienen, al rato estarán otra vez en la calle para seguir con sus
andanzas delictivas”. Luego afirma –sin verbos en potencial– que “otro de los integrantes de esta banda tiene
un hermano” que fue protagonista de una violación, “dato que demuestra su extrema peligrosidad”
(¿del presunto violador o de su hermano? ¿o de ambos, por transmisión
genética?).
Inmediatamente
después, el matutino consigna: “Según
trascendió, en las últimas horas habrían sido blanco de una golpiza de parte de
personas que aún no pudieron ser identificadas”. Ahora sí, se refiere a personas, una expresión que antes sólo había aparecido al comienzo de la
nota, al mencionar el temor de aquellas “que
diariamente deben recorrer ese tradicional paseo público”, y nunca
–nunca– al nombrar a los precoces
delincuentes. En fin: mientras cada acusación sobre los menores es tajante, la mención al
ataque recurre al verbo en potencial y habla de una “golpiza”.
La denuncia
completa de lo que pasó aquella medianoche circuló por correo electrónico y fue
publicada en algunas webs militantes.
Los medios tradicionales oscilaron entre el horror por los pibes chorros que andan sueltos y el
silencio más absoluto.
Recién el martes,
en Página/12, se plasmó un
relato de lo ocurrido el viernes. Hubo también algunas otras excepciones al
trato ignominioso de Perfil y de El Día: entre ellas cabe mencionar a la
revista Veintitrés, y por supuesto
a algunos “medios alternativos”. Pero de lo que programas de radio y televisión
se hicieron eco fue del triste récord de
los pequeños delincuentes. Nadie habló de víctimas, aunque lo eran más que nunca.
El análisis crítico
de esos discursos “informativos” podría seguir, extenderse en el tiempo y a
otras firmas. Los ejemplos no varían demasiado. Es como si hubiera una serie de
reglas básicas en los medios masivos, una lógica de producción en la que:
- Derechos
Humanos es una sección que refiere al pasado;
- Las demandas sociales y políticas planteadas
colectivamente tienden a correrse a la página del informe de tránsito; y
- La
pobreza y la marginación en general –y la niñez en particular: los menores–
se han tornado un asunto policial, donde lo que importa es la seguridad de los
bienes y no el alimento de las personas, la salud, la educación, la
recreación...
Y esa judicialización
de los problemas sociales trama un estigma que descalifica al otro y lo
desautoriza: lo niega como sujeto, lo torna extraño, anula la posibilidad de
diálogo para convocar en cambio al enfrentamiento del “peligro” (o del
“peligroso”).
Para decirlo en
términos actuales: los medios bajaron la edad de imputabilidad hace rato; y no
sólo eso: también aplican condenas.
Se trata de discursos
claramente intencionados: sería iluso creer que nadie dentro de esas empresas
periodísticas comprende lo que sucede en la sociedad. Y si nos preguntamos cómo
es posible ese proceso de estigmatización, criminalización y violencia
simbólica sobre jóvenes de sectores desaventajados, deberíamos atender al hecho
de que los medios de difusión son empresas y herramientas del poder. Y que en
nuestra sociedad, donde hay una distribución inequitativa de la riqueza,
también hay una alarmante distribución inequitativa del acceso a la palabra.
A esta altura es
una verdad de Perogrullo que hoy la prensa y los servicios audiovisuales –así
como las telecomunicaciones y otros sectores afines– están en pocas manos. En
los últimos años, favorecidos por la flexibilidad de las regulaciones y por las
posibilidades que ofrece la convergencia tecnológica, se han producido fuertes
procesos de concentración horizontal, vertical y conglomeral. A su vez, en los
hechos la comunicación está considerada como un negocio y no como el servicio
público que debiera ser.
En esto la
legislación ha tenido mucho que ver: el decreto-ley de radiodifusión vigente ha
obturado sistemáticamente, durante las últimas tres décadas, la existencia de
alternativas en comunicación (5).
Cuando el menemismo re-privatizó la televisión se basó en las reglas fijadas
durante la dictadura. La única modificación a la ley de radiodifusión fue para
empeorarla: por decreto, eliminó el artículo que prohibía a propietarios de
medios gráficos manejar canales de televisión.
En ese marco, las
grandes plumas y las voces más reconocidas de los medios se han hecho carne de
un modelo de sociedad. Otros, trabajadores de la prensa, viven apremiados por
condiciones laborales paupérrimas y cargan con una opción nefasta: el silencio
o la calle. También hay quienes están convencidos de que su palabra es libre.
Noam Chomsky (1997) hace una reflexión interesante sobre ellos: “Dicen, con mucha razón, ´Nadie me dice qué
tengo que escribir. Escribo lo que quiero. Todo ese rollo sobre las presiones y
limitaciones es una tontería, yo no tengo ninguna presión´. Lo cual es
completamente cierto, pero el tema es que no estarían ahí si no hubieran
demostrado previamente que nadie tiene que decirles qué escribir porque ya
dirán lo correcto ellos mismos”. Hace un tiempo, en un artículo que
versaba sobre Las formas parapoliciales
del periodismo contemporáneo,
Esteban Rodríguez reflexionó también sobre ese sujeto burocratizado que se
la termina creyendo y queda
“preso de su esquizofrenia, de la extorsión que le tiende la empresa para la
que trabaja”. Así, es posible que periodistas que firmaron notas ignominiosas
sobre el caso analizado reivindiquen que gracias a ellas “los chicos ya no
están más en la Plaza”, como si su re-invisibilización en el lugar céntrico y
próximo al poder implicara la concreción de sus derechos más elementales y no
una pérdida más, la de la posibilidad de habitar la urbanidad de una sociedad
que los expulsa de todo.
Los medios trabajan
sobre el miedo. Bien reconocido por Rossana Reguillo como un respuesta
social a la incertidumbre que opera en la definición de la
inclusión-exclusión sociocultural, el miedo es una sensación que se comparte
culturalmente pero se experimenta personalmente. Ese carácter individual hace
que no sea un el miedo a lo que nos hemos convertido (Badenes, 2008b),
sino al posible ataque de un menor delincuente a una persona decente en
la Plaza San Martín. La conjura de ese miedo, entonces, no ataca al hambre sino
al hambriento.
Si el gran dilema
de época es que la percepción de inseguridad se deslocaliza e irradia todos los
espacios, la “solución” –efímera, frágil, aparente– pasa por la elaboración de mapas
del miedo que, guiando la supervivencia urbana, ubican a la inseguridad en
un tiempo (nocturno) y sobre todo en ciertos actores (la autora mexicana
apunta: indígenas, migrantes, indigentes, pobres nuevos y viejos; todos, en
fin, hijos de una sociedad desigual) y ciertos espacios: los territorios
habitados por la pobreza (Reguillo, 2006). Hete aquí la clave del problema tal
como lo construyeron los medios: actores que real o imaginariamente están
asociados a la delincuencia invadieron un territorio que quienes se
creen “merecedores” de la ciudad no quieren marcar con rojo en sus cartografías
urbanas.
“La estructura
espacial urbana tiende así a reproducir y yuxtaponerse a la estructura social
(...) Ese patrón de distribución es el resultado de una lucha permanente por el
derecho al espacio urbano, que ofrece alternativas variadas y que se resuelve
–casi nunca definitivamente– a través de múltiples y contradictorias tomas de
posición por parte de los actores involucrados” (Oszlak,
1991: 26)
“Una estrategia urbanística que fuera la
antítesis de la actual contribuiría al afianzamiento y el cultivo de
sentimientos mixofílicos: la creación de numerosos espacios públicos, abiertos
y hospitalarios, a los que acudirían de buen grado toda clase de personas y no
tendrían reparo en compartir (…) La fusión que requiere el entendimiento mutuo
sólo puede provenir de la experiencia compartida; y compartir la experiencia es
inconcebible si antes no se comparte el espacio” (Bauman,
2007: 32, 38).
La expresión
–tomada luego por Oscar Oszlak para titular una de las pocas investigaciones
abocadas al tema– surgió de boca de un alto funcionario del gobierno municipal
porteño durante la última dictadura, quien declaró en 1980 que vivir en Buenos
Aires no era “para cualquiera sino para el que lo merezca”. Sintetiza cierto urbanismo
autoritario dominante en la época que, “sustentada por la convergencia de
consideraciones ideológicas, estratégicas y ecológicas, observaría a la ciudad
como el lugar de residencia propio de la «gente decente», como la «vidriera del
país» de pobreza, marginalidad y deterioro y sus epifenómenos (delincuencia,
subversión, desborde popular)” (Oszlak, 1991: 29). Como oportunamente analizó
Oszlak, “el contenido ideológico de la declaración, con fuertes resabios
autoritarios y discriminatorios, apunta a reafirmar el poder ordenancista del
municipio y su labor preventiva de los posibles problemas derivados de la
«convivencia» entre «ambos conglomerados humanos» (...) Asoma así, también, un
confesado elitismo urbano. La ciudad debe ser el espejo de sus habitantes, el
reflejo de la gente decente, culta y merecedora de los dones que la ciudad
ofrece...” (Oszlak, 1991: 78)
La radicalidad de
esas políticas urbanas –que tuvieron a la erradicación de villas como
eje emblemático– cristalizó una asociación entre urbanismo autoritario y
dictadura que es necesario discutir, para visibilizar el avance reciente
de decisiones urbanas cargadas del mismo sentido excluyente y elitista. Allí
deberemos inscribir a la agobiante campaña por una “Ciudad Limpia” con su
fuerte sentido de clausura expresiva, al diseño de bancos de plazas
anti-vagabundos y a la proliferación de rejas, que no sólo amurallan a los
hogares atemorizados sino también a las desacreditadas instituciones políticas,
y peor aún, a plazas y parques que ya no pueden ser el “dormitorio” de los sin
techo (6).
La avanzada de shoppings
y barrios cerrados –que forma parte de los procesos recientes de
transformación de las ciudades– va aún más allá, pues no sólo confirma y lleva
a la máxima expresión la tendencia a la privatización, sino que clausura la
ciudad. Ya no hay una colección de extraños, un mar de gente donde
desconocidos pueden conocerse. Se constituyen islas de semejanza en espacios
con fisonomía urbana que constituyen “simulacros de ciudad” (7).
Así, los sectores
incluidos y aventajados eluden la dimensión socioeconómica del problema y
buscan su seguridad auto-segregándose en ciertos espacios cerrados y expulsando
al diferente de ciertos espacios abiertos que suponen merecidos –por
ejemplo, el tradicional paseo ubicado frente a la Gobernación–.
Como señala Zigmunt Bauman
en recientes trabajos, pareciera que “la única manera de alcanzar o recuperar
la solidaridad comunitaria y el hábitat seguro es la elección de un enemigo
común y la unión de fuerzas a través de un acto de atrocidad colectiva que
apunta a un blanco común” (Bauman, 2001: 24), que no es otro que aquellos
cuerpos estigmatizados por los imaginarios del miedo: los nuevos condenados a
la nuda vida, al estado de excepción que en verdad es regla, según la
tradición de los oprimidos. Al fin y al cabo, es viable analizar las
condiciones estructurales de la marginalidad urbana como una política de
exterminio, donde las villas se tornan cárceles o campos de concentración a
cielo abierto.
Si desde sus orígenes las
ciudades y los ciudadanos estuvieron tensados por “la batalla entre la
mifoxilia y la mixofobia, términos poco usados pero que se explican por sí
mismos” (Bauman, 2007: 70) (8),
hoy el temor al diferente –frente al deseo de vivir juntos– lleva las de ganar,
dado que el miedo y la (percepción de) inseguridad juegan un papel cada vez más
importante en la configuración de la socialidad urbana. Eso es la mixofobia: un
miedo persistente y racionalmente injustificable al mestizaje o a la mera
convivencia con el diferente. Y ese temor a lo extraño tiende a cancelar
la búsqueda de intercambios a cambio de una “tendencia a buscar islas de
semejanza e igualdad en medio del mar de la diversidad y la diferencia”
(Bauman, 2006).
“Podemos afirmar que el tipo
de inseguridad actual se distingue claramente por el temor al crimen y a los
malhechores. Predomina la desconfianza en los demás y en sus intenciones, así
como también una actitud que niega o considera imposible tener fe en la
constancia y en la fiabilidad del compañerismo humano” (Bauman, 2007: 9). El
sociólogo de la modernidad líquida es taxativo en este punto: “los delincuentes
(es decir, los condenados a prisión, los acusados de un delitos, los sometidos
a vigilancia policial o simplemente los fichados) ya no son vistos como
individuos apartados temporalmente de la vida social, susceptibles de ser
reeducados, rehabilitados y devueltos a la sociedad lo antes posible; más bien
se les considera marginados a perpetuidad, no aptos para la regeneración y se
les obliga a llevar una buena conducta por los siglos de los siglos, lejos de
la sociedad de las personas decentes” (Bauman, 2007: 16-17)
Asumir la disputa
“En los últimos
años, la literatura y el cine de ciencia-ficción mostraron a la ciudad del
futuro como el territorio donde grupos ultraviolentos obligan a los ciudadanos
a vivir bajo la protección que solo puede dar el encierro defensivo (...) ¿qué
tan anticipatorias del futuro pueden ser estas imágenes” (Pérgolis, 2006: 152)
“Protestar en
nombre de la moral contra ´excesos´ o ´abusos´ es un error que sugiere
omplicidad activa. No hay ´abusos´ o ´excesos´ aquí, lo que reina es un sistema
que lo abarca todo” (Simone de Beauvoir)
En
diferentes trabajos hemos remarcado que la ciudad es un objeto de disputa y que
esa pugna es tanto material como simbólica (Badenes, 2007). Las reflexiones que
originan este artículo agregan al análisis el componente de la violencia, no en
el sentido de una riña callejera o un “robo violento”, sino de una práctica
significativa y sistemática que se ejerce sobre los sectores desaventajados en
la ciudad. Señalamos que tanto la violencia física del abuso policial o de un
ataque parapolicial como la violencia simbólica de los estigmas sociales,
producen una negación del derecho al espacio urbano.
Hemos visto
que desde los medios –que son herramientas públicas en cuya administración
deberíamos intervenir– se ejerce cotidianamente una violencia simbólica sobre los
sectores más bajos de la sociedad. Y esta se articula con la violencia física:
la atmósfera de violencia simbólica de los medios la justifica y la naturaliza;
crea las condiciones de posibilidad de la violencia institucional “clásica”.
Además, al
criminalizar a los pobres, al instalar la idea de que esos menores no son sujetos de derechos, no sólo
socavan la capacidad de conmovernos ante la injusticia, sino que invierten el
sentido del dolor: trocan el dolor por el reclamo de la represión (que alguien haga algo, en serio).
En ese sentido, quizás sea
hora de pensar hasta qué punto, cuando combatimos ciertas prácticas policiales,
estamos pensando desde una ilusión liberal que nos dicta que tenemos que
corregir estas instituciones en las que hay “errores” y “excesos”. La pregunta sería: ¿son errores? ¿o son lo
que buena parte de la sociedad le está exigiendo hoy al Estado?
Dicho en otras
palabras: siempre hay, tras la formación de grupos represivos estatales y
paraestatales, alguna voluntad social que los hace factibles. Por eso pensamos
la tortura y el gatillo fácil como prácticas sociales. Dime cómo es tu
sociedad te diré cómo será tu policía: siempre, detrás de un torturador,
hay alguna voluntad social. Está claro –no es lo que ponemos en discusión– que
frente al caso de un agente de las fuerzas de “seguridad” que tortura, hay que
identificarlo, separarlo de la fuerza, juzgarlo. Pero también debemos saber que
detrás de ese sujeto, netamente culpable, hay unos grupos sociales satisfechos
de que se torture, responsables también, aunque salgamos de la arena jurídica y
entremos en lo político, lo ético, lo más profundamente humano.
Por eso afirmaremos
que esta violencia es, además de una práctica con sentido, una práctica
consentida. La mirada indiferente y la que estigmatiza a esos
“que quedaron afuera” en una sociedad
desigual (que son, justamente, los que terminan torturados) genera esa
atmósfera que legitima la aplicación de violencia física.
Hoy más que nunca
la sociedad se debate entre la inclusión y la exclusión, y evidentemente no
todas las fuerzas están direccionadas a favor de la inclusión. Ahí tendremos
que dar la batalla. Una batalla de ideas y sensibilidades, una batalla
simbólica, que se da en los medios y fuera de los medios, pero donde los medios
ocupan un lugar fundamental. Por eso tiene sentido preguntarnos –y transmitir
la pregunta– por la propiedad y el control de los medios: de quiénes son,
quiénes los manejan, cómo llegaron ahí, cuál es su trayectoria.
Es hora, en fin, de volver a
hablar de la democratización de la comunicación. Para decirlo con pocas
palabras: militar por una radiodifusión para la democracia (que es mucho
más que una sola consigna), abogar por la distribución equitativa de la
palabra, también es militar para que no sea natural que cada noche un policía,
o un para-policía, muela a golpes a un pibe de la calle en pleno centro de la
ciudad.
(1) Este trabajo, vinculado a lecturas y reflexiones realizadas como becario
de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) en torno a la disputa
material y simbólica de la ciudad, recupera concretamente los apuntes de dos
charlas realizadas en la segunda mitad de 2007, invitado primero por el
colectivo De eso no se habla y el Programa de Violencia Institucional y
Seguridad Ciudadana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP,
y luego en el marco de la II Jornada Anual de la Secretaría Científica del
Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (Distrito XII-Quilmes).
En el primer caso, el panel sobre “Violencia y medios de comunicación” fue
compartido con Mariano Gutiérrez y Esteban Rodríguez Alzueta, y se propuso como
inaugural de un ciclo de charlas sobre violencia institucional. El
segundo, titulado “Sociedad violentada. Rol y responsabilidad de los distintos
actores sociales”, fue integrado además por el Dr. Carlos Osvaldo Repetto y el
juez Responsabilidad Penal Juvenil Juan Carlos Cairo. Además de las
invitaciones de los organizadores, corresponde agradecer las preguntas de los
asistentes y el intercambio con los integrantes de los paneles, con los cuales
este texto seguramente tiene deudas.
(2) Excede a estas reflexiones retomar esos planteos. No es la idea, por
ejemplo, discutir los límites de los postulados de Althusser para explicar la
sociedad. En este caso interesa rescatar su aporte al marxismo, que surge en
torno a la pregunta de cómo el sistema asegura la reproducción de las
relaciones sociales de producción. A partir de ese interrogante “descubre” que
además de represión hay ideología. Los aparatos ideológicos del Estado (que son
“del Estado” por su función, aunque mayoritariamente pertenecen a lo que el
derecho burgués considera dominio privado) son múltiples: incluyen los aparatos
religiosos, escolares, familiares, jurídicos, políticos, sindicales,
culturales, de información. Si en el pasaje de la edad media a la modernidad
Althusser observaba el reemplazo de la Iglesia por la Escuela como AIE
fundamental, probablemente en el debate actual diría que los AIE mediáticos
están ocupando ese lugar central.
(3) Asociada a una idea de exclusión con raíces en el pensamiento
griego y el derecho romano, la noción de “nuda vida” desarrollada teóricamente
por Agamben supone la desprotección absoluta y una vida expuesta a la muerte –a
cualquier muerte, en cualquier momento–.
Esta “vida desnuda”
que está escindida de todo valor político (no tiene ciudadanía) tuvo
en los campos de concentración y exterminio su expresión más radical, pero no
la única. Concretamente, en el escenario de la biopolítica contemporánea –que
convierte a la vida en objeto de experimentos– los aparatos de control incapacitan
jurídicamente produciendo nudas vidas.
(4) La versión digital incluye una gran publicidad justo después de esa
frase, como si la nota concluyera ahí. Recién después sugiere que “si bien para
muchos representan un peligro latente para la sociedad, la realidad muestra
también que ellos se encuentran en una situación de riesgo extremo” y recoge
las impresiones de dos entrevistados: el jefe de la Comisaría 1ª y una asesora
tutelar del Estado porteño. La alusión a la situación de desprotección de los
chicos no sólo era breve sino que quedaba prácticamente escondida. En efecto,
no pasaron por allí las repercusiones de la nota. Por ejemplo, el sitio web de Infobae reprodujo parte del texto de Perfil el mismo domingo. Tituló: “Una
banda de ´pibes chorros´ acumula un récord de causas”.
(5) Otro tanto podría decirse de las publicaciones impresas, donde la
acumulación de poder mediático también está garantizada por una herramienta
planeada en dictadura: la compañía llamada Papel
Prensa, administradora de
la dotación de papel a los diarios. Papel Prensa nació con tres dueños:
el Estado y los diarios Clarín y La Nación, y creció con un objetivo fijado por
los dos últimos: impedir que apareciera un periódico importante que les
disputara su negocio.
(6)
Son las formas urbanas de la tolerancia cero, el enfoque conservador
sobre la seguridad que señala como problema a determinados comportamientos
de la cotidianidad urbana, suponiendo que si bien no constituyen un delito en
sí mismos crean las condiciones para que el mismo se produzca. Desde esa
perspectiva, el rol mismo de la Policía se redefine: no está para perseguir el
delito sino las conductas “desordenadas” de colectivos de personas (casi
siempre jóvenes), como dormir en el banco de un parque, orinar en la vía
pública, usar espacios públicos para consumo de alcohol, pintar paredes, vaguear
por la ciudad, poner música a todo volumen, etcétera. Esas prácticas
protagonizadas por los jóvenes estigmatizados se inscriben en la inseguridad
subjetiva que genera mixofobia en una sociedad que reclamará al
Estado un mayor “control” y “vigilancia”.
(7) Sarlo (1994) plantea esa noción de simulacro en sus Escenas de
la vida posmoderna. En otras palabras, una plaza dentro de un country o
barrio cerrado simula el pasado de la plaza pública ciudadana, así como los
centros comerciales imitan en su interior a la calle. El shopping o mall plagia al
espacio urbano: es como si fuera una ciudad de servicios en miniatura, pero una
ciudad donde se ha eliminado la intemperie, la oscuridad, los ruidos no planificados.
Por otra parte, no es un espacio para la ciudadanía sino para el consumo. Es un
sitio ofrecido como alternativa para la sociabilidad de algunos grupos. Promete
dentro de sus límites la seguridad que no garantiza un espacio público cada vez
más reducido.
(8) “La ciudad provoca mixofilia y, al
mismo tiempo, mixofobia. La vida urbana es un asunto que provoca, intrínseca e
irremediablemente, emociones opuestas (...) La mixofobia y la mixofilia
coexisten en todas las ciudades, pero también se hallan en el interior de todas
las personas que habitan en ellas” (Bauman, 2007: 36).
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Licenciado en
Comunicación Social; actualmente prepara su tesis para la maestría en Historia
y Memoria, y es doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP), donde también se desempeña como Jefe de Trabajos Prácticos de Comunicación
y Teorías II y codirige el proyecto de extensión “Comunicación social
comunitaria para jóvenes en situación de riesgo”. En la UNQ está a cargo de
“Historia de los medios y sistemas de comunicación”, además de participar de
proyectos de investigación y extensión. Es Becario de Perfeccionamiento de la
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC),
donde articula temáticas de comunicación, ciudad y memoria. En el plano
profesional es redactor permanente de La Pulseada y editor de la revista
de divulgación científica Materia Pendiente. Integra el colectivo La
Grieta.