COMUNICACIONES: ¿CAMBIAR LAS
REGLAS DE JUEGO
O ADAPTARSE A LAS EXISTENTES?
Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina)
Resumen
En el marco de los debates sobre la
relación entre comunicación y ciudadanía, se analizan las prácticas discursivas
de las organizaciones sociales (gremios, universidades, radios comunitarias y
ONG) que plantean después del 2001 la democratización de las comunicaciones en
Córdoba, Argentina. Concentrarnos en las prácticas, hace necesario referirnos a
sus condiciones sociales de emergencia, y a los agentes sociales que las
producen y en cuyo proceso de trabajo se vuelven operantes estas condiciones.
Estas propuestas encuentran su principio de comprensión / explicación en el lugar de poder relativo que las
organizaciones ocupan en relación con las corporaciones de medios masivos. Dado
su lugar marginal, para aumentar la probabilidad de incidir en la definición
del espacio público, optan por la estrategia de impulsar cambios en las reglas
de juego (leyes, regulaciones, controles).
Palabras clave: comunicación - ciudadanía - organizaciones sociales - prácticas discursivas
Texto
En los últimos años están emergiendo en Latinoamérica y Europa
organizaciones, movimientos y experiencias que reclaman el reordenamiento del
sistema comunicacional, plantean la necesidad de su democratización y la
regulación de la comunicación masiva desde una perspectiva de servicio público
como condición para la construcción de sociedades plurales. Muchos surgieron
como reacción a la Cumbre de la Sociedad de la Información organizada por
Naciones Unidas en 2003 y 2005, y son nutridas por los debates en los Foros
Sociales Mundiales. En nuestro país, la crisis y las movilizaciones sociales de
2001 y 2002 constituyeron también condiciones propicias para su desarrollo. El
proceso de concentración y de descrédito de los medios masivos y comerciales es
el punto central de las discusiones que estas organizaciones intentan instalar
en el debate público.
La intervención de estas organizaciones
(Mattelart, 2004), así como investigaciones y eventos científicos del área (ver
Mata y otros, 2005) abordan la discusión sobre la relación comunicación-ciudadanía,
que redefine la articulación comunicación-poder. Sin embargo, poco se ha
escrito sobre estos movimientos que intentan dar el debate sobre el sistema
comunicacional, lo que implica -en definitiva- construir nuevos modelos de
comunicación (Ver Mata y otros, 2005 y Rey, 2004).
En este marco, el objetivo de este trabajo (1) es
analizar las prácticas discursivas de las organizaciones sociales que plantean
la democratización de las comunicaciones en Córdoba, Argentina, después del
2001. Concentrarnos en las prácticas, hace necesario referirnos a las
condiciones sociales de su emergencia, a los agentes sociales que las producen
y en cuyo proceso de trabajo se vuelven operantes estas condiciones, y al marco
teórico en el cual se encuadran. Este análisis permite también indagar en qué
medida estas prácticas tienen posibilidades de incidir y producir impacto.
Proponemos este abordaje porque
consideramos que lo central para la comprensión / explicación de las prácticas,
no es su fundamento y/o contenido ideológico, los principios o convicciones que
se invocan, sino el lugar de los agentes sociales que las producen, y la puja
por la definición e imposición de sentidos en la que éstos intervienen (Costa y
Mozejko, 2002).
Desde esta perspectiva, primero identificaremos
las características de los discursos que producen y luego propondremos una
hipótesis acerca de los factores que permitirían comprender / explicar que
estos agentes sociales hayan realizado estas opciones estratégicas. Para ello,
tomamos como corpus de análisis los textos considerados fundacionales de estas
experiencias donde presentan públicamente sus fundamentos y objetivos (Ver
Corpus).
1. Las estrategias
A través de la producción de opciones en el marco de lo posible, los
agentes sociales implementan estrategias discursivas tendientes a incrementar
la probabilidad de que su discurso se imponga y sea susceptible de influir en
un destinatario. Sus opciones discursivas se materializan en las
características del texto. En el texto, no sólo se construye un mundo sino que,
primero, se funda un lugar desde donde hablar. Por eso, la estrategia para
identificar las características del texto consiste en identificar cómo es
construido el sujeto de la enunciación en relación con: otros enunciadores,
enunciatarios, las normas que regulan la producción en la formación discursiva
en que se inserta la práctica y la relación con los elementos del enunciado
(Costa y Mozejko, 2002).
Los agentes sociales que proponen democratizar las comunicaciones, para
aumentar su probabilidad de incidir en la definición del espacio público, optan
por dos tipos diferentes de estrategias: ofrecer productos y servicios
profesionales de asesoramiento y capacitación a organizaciones y grupos
sociales que tienen escasa incidencia en los medios masivos para que se adapten
con mayor eficacia a las reglas de juego existentes; e impulsar cambios en las
reglas de juego del sistema de comunicaciones de la Argentina con
modificaciones de leyes y controles. De allí que podamos diferenciar dos tipos
de organizaciones de acuerdo con sus objetivos: aquellas conformadas por
expertos que consideran a la comunicación como un instrumento en las disputas
sociales; y aquellas otras integradas por militantes e investigadores que
tematizan a la comunicación como un derecho esencial para la política
democrática.
En el primer grupo, incluimos a tres organizaciones particulares que
trabajan con diferentes enfoques políticos: SOS País, organización no
gubernamental fundada en 2001; Fundación Wachay, creada en 2002; y
Comunicadores Solidarios, agrupación voluntaria iniciada en 2005.
En tanto, en el segundo grupo podemos ubicar tres iniciativas inter-organizacionales:
ü
la Iniciativa Ciudadana por una Nueva
Ley de Radiodifusión: impulsada por universidades y organizaciones gremiales,
de derechos humanos y de comunicación popular a nivel nacional en 2004, de la
que participaron en Córdoba las radios comunitarias y las públicas, el gremio
de prensa y la universidad nacional;
ü
la Comisión de Seguimiento de la
Libertad de Prensa (Comipren): convocada por el gremio de prensa en 2004 a
nivel provincial y de la que participan periodistas, abogados especialistas en
derechos humanos y de comunicación, investigadores de la universidad nacional,
legisladores y funcionarios, militantes de derechos humanos y miembros de ONG
dedicadas a la comunicación;
ü
la Red Alternativa de Medios (RAM):
convocada en la ciudad por Radio Nacional Córdoba en 2003, de la que
participaron las radios comunitarias y públicas, sitios web, revistas
independientes y sociales, y la Escuela de Ciencias de la Información (ECI) de
la universidad nacional.
1.1. La comunicación como
herramienta: saber jugar
Los discursos de las tres organizaciones que conciben a la comunicación
como un instrumento, naturalizan la constitución del actual sistema de
comunicaciones en Córdoba y el país, y la centralidad de los medios masivos en
la determinación de los temas prioritarios de la agenda pública y de la
visibilidad e identidad de los sectores sociales. A partir de este diagnóstico,
ofrecen sus servicios de expertos en el tema comunicacional a las
organizaciones y grupos de la sociedad civil. Conciben a los medios masivos de
comunicación como la mediación entre las organizaciones y el resto de la
población, el Estado o las empresas en tanto satisfactores de demandas
particulares de estos grupos. Desde esta perspectiva, no plantean –salvo
ocasionalmente Comunicadores…- el recurso a los medios comunitarios o públicos
existentes, el desarrollo de medios propios, ni la demanda a los medios masivos
de cambios en sus lógicas de producción. Al contrario, son las organizaciones
sociales las que deben conocer los códigos de la actividad periodística,
adaptarse a su dinámica y tiempos, y posicionarse como fuentes de información
para facilitar el trabajo de la prensa masiva.
En este marco, construyen su discurso a partir de posicionarse como
expertos. Configuran enunciadores que ponen de relieve su competencia cognitiva
en la materia específica por su formación académica y trayectoria profesional,
de la que deriva directamente su competencia pragmática. SOS País y Wachay lo
hacen de modo explícito: “integrada por profesionales que trabajan temas
vinculados a la Comunicación”; “conocemos la dinámica y la lógica periodística
y contamos con amplia experiencia en comunicación institucional” (2). En tanto, Comunicadores… construye la
figura del especialista en la descripción de sus modos de trabajo:
“…investigamos buscando reconocer las necesidades de comunicación. Luego
diseñamos y ejecutamos los medios y acciones a seguir”.
En la definición de la organización y sus
características, destacan su desvinculación del Estado, partidos políticos,
religiones y empresas (“organización sin fines de lucro, autónoma, apartidaria
y no confesional”; “proyecto independiente”) y su carácter productivo (“agencia
integral de comunicación”; “una unidad autónoma de producción”). A partir de
esto, presentan diferencias en el modo de trabajo y en su posicionamiento con
respecto a sus destinatarios. SOS País se posiciona como asesor de las organizaciones:
“Trabajamos junto a las organizaciones no gubernamentales para dar a conocer
tanto su misión institucional como las actividades que despliegan”. Wachay se
propone como productor en beneficio de la sociedad: “…trabajar (…) para
concientizar en temas vinculados a la responsabilidad ciudadana y el consumo
responsable”. En tanto, Comunicadores… propone una función de acompañamiento y
colaboración con las organizaciones para que sean éstas las que identifiquen
sus necesidades comunicacionales y desarrollen acciones de comunicación:
“…ayudamos a reconocer y construir medios y acciones de comunicación…”.
Los destinatarios de estas acciones son, prioritariamente, organizaciones
de la sociedad civil, aunque destacan diferencias entre ellas. El primer grupo
trabaja con “organizaciones no gubernamentales”, “organizaciones sociales”, “el
Tercer Sector” o “Sector Social”; en el segundo caso, no se definen claramente
el destinatario de las acciones que parece ser la población en general, dados
los medios de difusión elegidos (televisión por aire y publicidad callejera);
mientras que en el tercer caso trabajan con “grupos y organizaciones
anticapitalistas”.
Hay escasas menciones a valores, lo que fortalece el carácter tecnocrático
del discurso. Los únicos que aparecen son la solidaridad (“proyecto solidario”;
“conciencia solidaria”) y la publicidad (“visibilidad pública” y “comunicación
pública” para lograr presentificarse en el espacio público y ser reconocidos
como actores; y “sinergia” en tanto diálogo fluido e interacción entre medios
masivos y ONG). En tanto, cada organización destaca valores particulares de
acuerdo con su perfil. Comunicadores… enfatiza la “independencia económica”
como condición necesaria para la independencia política. SOS País sostiene que las
ONG son una manifestación del interés colectivo: “La labor de las ONG comienza
a revelarse a los ojos de los comunicadores como una manera de interpretar el
interés colectivo”. Por su parte, Wachay, pone el acento en la “responsabilidad
ciudadana” y el “consumo responsable”, valores asociados a
un enfoque empresarial que tiene en cuenta su inserción comunitaria.
Si bien Comunicadores… y SOS País conciben a la comunicación como una
herramienta al servicio de los objetivos de los grupos y organizaciones con los
que trabajan para lograr una mayor visibilidad en los medios masivos de
comunicación, la diferencia radica en que para Comunicadores… esta visibilidad
debe servir también para comunicarse con otras organizaciones, mientras que
para SOS País la presencia en los medios es un modo de generar conciencia
solidaria en la población y de conseguir financiamiento. Por su parte, Wachay
presenta una concepción publicitaria al proponer “generar conciencia” a partir
de la “instalación y difusión del concepto de responsabilidad social”.
1.2. La comunicación como derecho:
barajar y dar de nuevo
Las experiencias inter-organizacionales que proponen cambios en las reglas
de juego, parten de impugnar el actual sistema comunicacional y de apelar a los
derechos humanos fundamentales. Por eso, proponen diversos planes de acción:
control y denuncia (Comipren), promoción de nuevas leyes (Iniciativa ciudadana…
y Comipren), o red de comunicación pública (RAM).
En los textos de las tres articulaciones inter-institucionales de
organizaciones que en Córdoba trabajan por la vigencia y ampliación de los
derechos de comunicación, la legitimación del enunciador construido como un
sujeto colectivo se basa en la construcción de su competencia cognitiva como
especialista en el tema en cuestión, cuyo saber le permite evaluar lo correcto
y lo incorrecto, y en consecuencia, hacer hacer a otros actores de acuerdo con
lo que definen como correcto. En el caso de la Iniciativa ciudadana… el
enunciador colectivo manifiesta un amplio conocimiento de derechos, leyes y
tratados internacionales sobre comunicación, del funcionamiento actual del
sistema de comunicaciones en la Argentina. De este modo, se construye su
competencia cognitiva y lingüística: sabe decir con propiedad en términos
jurídicos ya que es ése el terreno donde encara la disputa por una nueva norma.
También se construye su competencia pragmática: el saber hacer proyectos de ley
y llevar adelante un proceso de participación ciudadana para formular nuevas
leyes. Por su parte, la Comipren también construye un enunciador con
competencia cognitiva (sabe de leyes y derechos y de la relación entre
periodistas, medios y gobiernos en la provincia) y axiológica (distingue cuáles
son los derechos y valores que se deben respetar). Esto funda su competencia
pragmática para “controlar” y “denunciar” ante la “opinión pública” y también
para gestionar y promover nuevas leyes. El enunciador colectivo que construye
la RAM también es experto por su saber y su saber hacer. Sobre esta base
construye su legitimidad para “orientar” a la sociedad.
Las estrategias de captación del enunciatario buscan, desde el enunciado
mismo, persuadirlo y configurarlo como sujeto virtual de aceptación de los
sentidos propuestos y de los haceres que pudieran derivar de ellos. En los
textos analizados los enunciatarios son diferentes:
ü
En la Iniciativa ciudadana…, el Estado
nacional es construido como sujeto que comparte los sentidos propuestos dado
que así lo demuestran sus leyes fundamentales. También es un sujeto que tiene el
“derecho y deber de ejercer su rol soberano” de limitar a los Gobiernos y a los
oligopolios y monopolios de medios masivos mediante normas e instituciones,
para así garantizar los derechos de trabajadores, públicos y organizaciones
sociales.
ü
En la Comipren, la “sociedad”
provincial es construida como sujeto que comparte los sentidos propuestos por
lo que es llamada a ser quien “sancione a los autores” de violaciones a los
derechos de comunicación que la Comipren denuncie. Sin embargo, no se la
construye con las competencias necesarias para llevar adelante el hacer
propuesto.
ü
En la RAM, los medios alternativos y
públicos que pueden integrarse a la red son configurados como competentes para
el hacer que se les propone: movilizar a sus públicos para participar en las
decisiones políticas y así construirlos como ciudadanos.
Los tres grupos de agentes sociales proponen una modificación de las normas
que regulan la producción discursiva del sistema comunicacional. Esto se
manifiesta particularmente en el modo en que se configura el esquema narrativo.
El Destinador de la acción en la Iniciativa… y en la Comipren son la
Constitución Nacional y los tratados internacionales con rango constitucional
–además de las declaraciones de organismos supranacionales en la Iniciativa… y
de la Constitución provincial en la Comipren-, que a su vez ordenan garantizar
derechos “fundamentales”. Dado su imperioso mandato, se construye un programa
narrativo de la privación y la carencia sobre las características del actual
sistema comunicacional en sus espacios de incumbencia (el país, la provincia o
la ciudad) y de la crítica situación cultural, política y social que produce
por su falta de reforma (componente descriptivo). Y a partir de éste, se
constituye por oposición un segundo programa narrativo: el de la
transformación, la modificación de las leyes o el control de su cumplimiento,
en el que la propuesta de reforma se traduce en el deber de la reforma
(componente programático-prescriptivo).
El actual sistema comunicacional es construido como sede de disvalores: es
presentado como fuente de inequidad económica (concentración en “monopolios y
oligopolios” y prohibición de asociaciones sin fines de lucro), política
(desigualdad de participación en las definiciones de políticas públicas y el
acceso a la información), cultural (uniformidad cultural y desigualdad en las
posibilidades de expresión) y social (traba al desarrollo). Por el contrario,
los componentes programáticos del nuevo sistema comunicacional concentran una
profusa cantidad de valores que sustituirán las carencias identificadas en la
situación actual. La aceptabilidad de la propuesta de los enunciados de los
tres textos se basa en la exaltación de la democracia y la participación
ciudadana, el Estado de derecho y los derechos humanos, y la centralidad de la
libertad de expresión, la pluralidad informativa, el acceso a la información
pública y la diversidad cultural para asegurar la vigencia de esos derechos.
Estos valores implican además configurar la información como un bien social y,
por lo tanto, público –por oposición a la definición de la información como
mercancía-.
El sujeto de la enunciación es construido como agente competente que
interpreta el mandato de los Destinadores y destina a su vez al Estado, a la
sociedad o a los medios públicos y alternativos, que desarrollen los haceres
necesarios para que la sociedad (el principal beneficiario) alcance los objetos
valiosos de la información y la expresión a través de los medios y periodistas
(aliados) y contra el gobierno y las corporaciones (opositores).
2. Cada cual atiende su juego
¿Qué hace que un agente social esté en condiciones más o menos favorables
de imponer a otro una decisión, una definición de lo pensable, una
interpretación de las diferencias? No es sólo cuestión del conocimiento que
posee ni del criterio de definición utilizado, sino también del poder relativo
(la competencia) de los agentes para imponerlo como verdadero. Por eso, para
comprender/ explicar sus prácticas, procuraremos:
1. Analizar el marco teórico en el cual se encuadran las prácticas,
aceptando que toda intervención es una “teoría de la acción en acción” (Costa,
1997), porque en ellas siempre subyace –aun cuando no haya sido una intención
conciente ni una elección racional de sus productores- una manera de explicar
las prácticas sociales;
2. Reconstruir el lugar de los agentes que las producen y las condiciones
sociales que operan en ese proceso de trabajo y definen no sólo los límites de
la acción, sino también las posibilidades de desarrollo de estrategias.
2.1. Los criterios de definición
Se ha mostrado sucintamente que hay diferencias sustanciales de estrategias
entre las organizaciones que conciben a la comunicación como una herramienta,
mientras que se registran similitudes mayores entre las organizaciones que la
consideran un derecho esencial para la vida democrática. Un primer paso para
comprender / explicar estas diferencias en las estrategias consistirá en
considerar las teorías implícitas en las prácticas discursivas analizadas. Las
dos visiones de comunicación identificadas se articulan a su vez con dos
concepciones diversas de la ciudadanía.
La visión instrumental y procedimental de la comunicación es deudora de las
teorías liberales de la ciudadanía que la conciben como derecho individual. La
comunicación, tanto en su versión expresiva como informativa, es un medio para,
por un lado, la satisfacción de deseos individuales de expresión, y para, por
otro lado, la igualdad de condiciones para el acceso a derechos de
participación, decisión y control político. Los derechos vinculados a la
comunicación son definidos por su negatividad: en tanto límites a la injerencia
del Estado en el libre desarrollo de las capacidades y deseos de los
individuos.
Esto es así porque la definición liberal clásica de ciudadanía hace referencia
a un estatus jurídico-legal de los individuos de un Estado-Nación que son
acreedores de derechos que ese Estado debe garantizar. Desde esta perspectiva,
la ciudadanía consiste en asegurar que cada cual sea tratado como miembro pleno
de una sociedad de iguales. Los derechos de ciudadanía se agrupan en tres
categorías sucesivas e históricamente acumulativas: los civiles que consisten
en la protección de libertades que ponen límites a la injerencia estatal en la
vida de los ciudadanos; los sociales que obligan al Estado a garantizar ciertas
condiciones de vida a sus ciudadanos, para lo cual crea instituciones; y los
políticos que son derechos de participación en las tomas de decisiones
políticas. Es considerada una concepción pasiva y privada de ciudadanía.
Por el contrario, desde la perspectiva republicana, el ciudadano es activo:
no sólo es sujeto de derechos sino también de participación en la construcción
pública. La política posee un valor intrínseco, por lo que cobran centralidad
el compromiso cívico y la deliberación colectiva de los problemas comunes. Esta
participación los constituye como ciudadanos y es la que les permite incluso
cambiar su estatus y expandirlo a partir de la formulación y lucha por nuevas
demandas. De la pertenencia a una determinada comunidad política surge la
posibilidad de ostentar la titularidad de los derechos. Es una visión
comunitarista, ética y relacional: se define, construye y expande en relación con
otros con los que se comparten tradición y destino común.
Es en las perspectivas republicanas donde la comunicación aparece como
condición sine qua non para la
existencia misma de la política y la construcción de la ciudadanía. Se es
ciudadano en tanto se participa en la esfera pública en una comunidad cultural
y de lenguaje. La comunicación pasa a ser condición esencial para la existencia
de una comunidad política, para la definición de lo que se consideran bienes
comunes, para la existencia de la democracia y de la ciudadanía misma. Según este enfoque, la práctica
ciudadana implica no sólo ejercicio de deberes y derechos de los individuos con
relación al Estado, sino también “un modo específico de aparición de los
individuos en el espacio público caracterizado por su capacidad de constituirse
en sujetos de demanda y proposición respecto de diversos ámbitos vinculados con
su experiencia” (Mata y otros, 2006: 1). En este sentido, la comunicación es
fundante de lo político y sustantiva para la existencia misma de la ciudadanía,
en tanto “interacción que hace posible la colectivización de intereses,
necesidades y propuestas” y en tanto “dota de existencia pública a los
individuos visibilizándolos ante los demás y permitiendo verse –representarse a
sí mismos” (Mata, 2002: 66- 67).
De este modo, se comprende que si se concibe a la comunicación como un
instrumento y un procedimiento, esta herramienta puede ser usada para diversos
fines, incluso opuestos, como ya se ha mostrado. Por el contrario, otorgar a la
comunicación un papel sustancial en la construcción de la ciudadanía y de la
política misma, conduce a un solo fin: la democratización de la sociedad, la
política y las comunicaciones, como sucede con las propuestas de las
organizaciones que consideran a la comunicación como un derecho.
2.2. El lugar de los agentes
A los fines de este análisis, el sistema de relaciones considerado es el
sistema comunicacional de Córdoba del que participan las empresas de medios
masivos de comunicación que se producen y/o llegan a la provincia, medios
pertenecientes al Estado nacional y universidades nacionales, ONG y mutuales,
iglesias, gremios y otras organizaciones sociales. Además, está integrado
también por los Estados nacional, provincial y municipal que establecen leyes y
realizan controles, administran el acceso a fuentes de información pública y
deciden la distribución de publicidad oficial; universidades e institutos
terciarios que forman profesionales de la comunicación; los gremios de prensa y
de otros trabajadores de la comunicación; las iglesias y las ONG que procuran
influir en la definición de las políticas de comunicación, y asesoran y
capacitan en el tema a otras organizaciones.
Lo que está en juego en ese sistema es la mayor o
menor capacidad de cada agente social para incidir en las normas que regulan la
constitución del espacio público. Los agentes sociales pugnan por definir qué
(temas), quiénes (actores) y cómo (estructuras de propiedad y modalidades
expresivas legítimas) participan de los debates públicos (Fraser, 1997). Si
bien el espacio público en las sociedades actuales está centralmente
configurado por los medios de comunicación de masas, se producen complejas
interacciones entre ellos y otras instituciones sociales encargadas de la
cohesión y el control social. De este modo, las dificultades de representación
y actuación ciudadana en el espacio público mediático no invisibiliza
totalmente reclamos, demandas y propuestas, porque ellas se despliegan en el
espacio público urbano que lo excede (ver, por ejemplo, Pereira y Villadiego,
2006).
De acuerdo con esta mayor o menor probabilidad de incidencia en la
construcción y sostenimiento del espacio público se definen las posiciones de
mayor o menor poder relativo de cada agente. Según este criterio, las empresas
de medios comerciales de comunicación masiva ocupan la posición dominante
mientras que el resto de las instituciones ocupan posiciones más marginales. En
tanto, los gobiernos están en posición de debilidad con respecto al poder de
incidencia mediática (3), pero toman ventajas en el manejo del acceso a la
información pública, en la distribución de publicidad oficial y en algunas
ocasiones como las épocas de vencimiento de las licencias para prestar
servicios de radiodifusión.
Para analizar las posiciones de poder de cada agente y sus relaciones en el
momento en que producen los discursos que estamos considerando, es importante
reconstruir sus trayectorias.
En 1980 se diseñó el actual sistema de medios en la Argentina con el decreto-ley 22.285
aún vigente, que configura la comunicación como un bien comercial con control
del Estado. Durante la dictadura militar (1976-1983), algunos de los agentes
sociales analizados que participaron de las experiencias que consideran a la
comunicación como derecho, se exiliaron en otros países latinoamericanos donde
se vincularon y trabajaron con intelectuales y militantes que participaban de
experiencias de comunicación popular, en tanto otros fueron presos políticos.
Con el regreso de la democracia en 1983, el ex presidente
Raúl Alfonsín suspendió el Plan Nacional de Radiodifusión, lo que tuvo como
consecuencia que en las décadas de los 80 y 90 se establecieran miles de radios
sin licencia en todo el país. En estos años, los agentes analizados regresaron
del exilio, se reincorporaron a la universidad, el gremio y/o constituyeron ONG
que crearon medios comunitarios. En 1985 fundaron la Federación Argentina de
Radios Comunitarias (Farco).
Durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995),
el Congreso sancionó la ley 23.696 de Reforma del Estado que consagró la
“desregulación, privatización, desmonopolización” para todas las políticas
públicas, incluyendo a las de comunicaciones, y se flexibilizaron puntos clave
de la ley 22.285 que imposibilitaban, hasta entonces, la constitución legal de
multimedios. De este modo, se configuró un sistema de medios de propiedad
privada con presencia de empresarios nacionales en un mercado oligopólico. En
tanto, durante su segunda presidencia (1995-2000), empresas de
telecomunicaciones de capitales extranjeros y transnacionales adquirieron las
principales empresas de radiodifusión del país. Ante estos avances en la
concentración de la propiedad de medios, Farco reforzó los reclamos por la
legalización de las radios comunitarias; los gremios de prensa se alinearon en
la Central de Trabajadores Argentinos con base en sindicatos de servicios y en
organizaciones territoriales y de desocupados; los universitarios se centraron
en la investigación y la formación de postgrado requerida por la nueva ley
nacional de educación superior.
Desde el regreso de la democracia, pero fundamentalmente
en esta década, se registró un importante incremento de la matrícula
estudiantil en las universidades públicas, fenómeno del que participaron las
carreras de comunicación social. Al mismo tiempo, creció en todo el país el
desempleo, el subempleo y el empleo informal. En tanto, las organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro se multiplicaron y profesionalizaron, por lo
que se convirtieron en alternativas laborales para profesionales, particularmente
de las ciencias sociales (ver, por ejemplo, Saralegui, 2006).
Las manifestaciones de protesta social de 2001 y 2002 -los cacerolazos para
exigir “que se vayan todos”, los escraches a bancos y políticos, los piquetes
para pedir trabajo y alimentos, y las asambleas populares- visibilizaron
actores sociales hasta entonces poco presentes en el espacio público mediático
y tematizaron la necesidad de garantizar canales de expresión y acceso a la
información para asegurar la participación ciudadana. Se realizaron también
escraches a medios masivos de comunicación a los que se acusaba de “voceros”
del modelo neoliberal imperante configurado como causante del despojo de las
mayorías. En el 2002 y los años siguientes, especialistas en comunicación de
Córdoba conforman organizaciones y medios de comunicación para darles
visibilidad a estos nuevos actores, posibilitar su inserción en el espacio
público mediático y fortalecer redes y articulaciones entre ellos:
1)
medios que ofrecen un instrumento para
la constitución de redes entre organizaciones y movimientos sociales o entre
militantes y decisores de políticas sociales, medios de periodismo
independiente (desde una perspectiva más liberal) y medios públicos que adoptan
un perfil alternativo.
2)
asociaciones civiles sin fines de lucro
con financiamiento de fundaciones empresariales y grupos voluntarios que
ofrecen productos y servicios de asesoramiento y capacitación a las
organizaciones sociales.
Los discursos del Gobierno de Néstor
Kirchner que asume en 2003 configuran un proyecto alternativo de país, con características redistributivas y productivas
para lo que se propone recuperar el rol del Estado en articulación con
organizaciones de la sociedad civil. Se diseña una estrategia inclusiva amplia
y un escenario político plural, pero con antagonismos políticos claros (el
menemismo) y contradestinatarios (grupos concentradores de poder,
corporaciones). Se recuperan los valores sociales y políticos (los derechos
sociales, la memoria colectiva, la justicia y los derechos humanos); la puesta
en valor del espacio nacional y los actores internos, su pertenencia a
Latinoamérica y defiende la multilateralidad
en las relaciones internacionales (ver Martínez, 2003; Segura, 2005). Estos
cambios discursivos producidos al tiempo que se incrementaba el poder del
Estado en relación con empresarios de medios masivos ante la proximidad del
vencimiento de las licencias, sumados a las promesas explícitas realizadas por
los funcionarios del área, permitían suponer que también en el caso del sistema
comunicacional el gobierno impulsaría alternativas que fortalecieran el rol del
Estado y de las organizaciones sociales en desmedro de las grandes
corporaciones de medios.
Después de 2001, mejoraron también las
posiciones de poder relativo de los agentes en cada uno de los sistemas de
relaciones donde participaban: habían asumido en los últimos años la conducción
en la universidad, el gremio de prensa y medios públicos, mientras que otros
mantuvieron sus posiciones directivas en las ONG de comunicación popular.
Periodistas de empresas de medios masivos, comunicadores militantes de derechos
humanos y abogados especializados en derecho a la información constituyeron y
dirigieron nuevas ONG vinculadas a la comunicación. De modo que, al momento de producir
los discursos analizados, o bien se trata de agentes que ocupan lugares de
poder (cargos jerárquicos electivos) en organizaciones marginales en el sistema
comunicacional (universidades, medios públicos y alternativos, gremios), o bien
forman parte de organizaciones que son centrales en el sistema comunicacional
(empresas de medios masivos) pero ocupan posiciones dependientes (empleados).
Además, a partir de 2001, su acción se ve reforzada porque en otros lugares de
la Argentina y en otros países de Latinoamérica y Europa, agentes sociales con
los que mantienen relaciones de cooperación llevan adelante reivindicaciones
similares en alianza con otras organizaciones que proponen la democratización
de las relaciones sociales en diversos ámbitos (4) y frente a los Estados, las
organizaciones supranacionales y las empresas (5).
Primeras conclusiones
¿Por qué algunos de estos agentes sociales optan por la estrategia de
plantear reformas en las reglas de juego del sistema de comunicación y, por lo
tanto, en las relaciones de poder, en lugar de adaptarse a las reglas
existentes? ¿Por qué otros asumen la estrategia opuesta? Acorde con la
hipótesis de que el principio de explicación/comprensión de las prácticas se
encuentra en su lugar de producción, formularemos a continuación tres
proposiciones: la primera encuentra, en lo ya dicho, un primer nivel de
confirmación; y las siguientes constituyen hipótesis adicionales que abren
investigaciones complementarias.
Como se ha mostrado sucintamente, los agentes colectivos (organizaciones)
que proponen cambios en las reglas del sistema comunicacional en Córdoba ocupan
una posición marginal con respecto a los propietarios de los medios masivos,
por lo que proponen cambiar las reglas de un juego en el que carecen del control
de la palabra, para así aumentar su probabilidad de incidir en la agenda
pública.
Los agentes individuales (gerentes) que proponen cambios ocupan además,
posiciones de mayor poder relativo en sus espacios institucionales específicos
(universitario, gremial y organizacional) en los que la elaboración de la
propuesta les permitiría diferenciarse de sus oponentes internos, generar
reconocimiento y, por lo tanto, mantener o mejorar sus posiciones de poder
relativo. Esta hipótesis será objeto de nuevas investigaciones.
Por su parte, los agentes que proponen adaptarse a las reglas de juego
existentes ocupan posiciones marginales de aun mayor fragilidad que los
anteriores porque o bien son empleados de las empresas privadas de comunicación
masiva, o bien están desempleados o subocupados. De este modo, su trabajo en
organizaciones no gubernamentales se presentaría como una alternativa laboral o
como un medio para mejorar su posición en el propio empleo. Esto también será
tema de nuevas indagaciones.
El trabajo realizado sobre las características comunes de las propuestas de
cambios en el sistema comunicacional, deja pendiente la explicación/comprensión
de las diferencias en las estrategias desarrolladas por cada organización. Este
análisis abre también la posibilidad de indagar en qué medida estas prácticas
tendientes a influir sobre otros agentes, tuvieron posibilidades de incidir y
producir impacto (6).
Notas
(1) Este artículo presenta los avances de la investigación de tesis en
vistas a la obtención del Doctorado en Ciencias Sociales.
(2) Las citas entrecomilladas corresponden a los textos del corpus de
análisis.
(3) Estudios sobre políticas de comunicación indican que los gobiernos
suelen definir las regulaciones de acuerdo al lobby desarrollado por las empresas de medios (ver Mastrini, 2005 y
Monje, 2006).
(4) Como
fue la apertura en el Foro Social Mundial de 2003 y su continuidad desde
entonces, de la mesa redonda Medios,
Cultura y Contrahegemonía. En esta instancia, se lanzó en 2003, Media Global Watch, organización
mundial de veeduría de medios con sede en Francia, a partir de la cual nacieron
los observatorios de medios de Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia y
Argentina.
(5) Como sucedió en las reuniones preparatorias para la Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información y durante sus desarrollos en Ginebra en
2003 y en Túnez en 2005.
(6) La Iniciativa ciudadana por una nueva Ley de Radiodifusión para la Democracia
no logró imponerse como ley en el Congreso Nacional. Sin embargo, el gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner reimpulsó los debates sobre la necesidad de
una nueva normativa en el marco de su enfrentamiento con los grandes medios
comerciales, especialmente con los del Grupo Clarín, durante el look out agrario desde marzo de este
año. El ex presidente Néstor Kirchner no sólo había
evitado el problema, sino que por Decreto 527 de 2005 suspendió por 10 años más
el vencimiento de las licencias a los actuales propietarios de los medios
masivos de comunicación, con lo que se perdió la posibilidad de plantear
reformas profundas al sistema de medios del país. La Iniciativa… tampoco llegó a ser
conocida por la población (ver Mata y otros, 2006). Sin embargo, en 2003 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la
inconstitucionalidad de la Ley de Radiodifusión 22.285. Luego de este fallo, el
Congreso de la Nación modificó en 2005 el artículo 45 de esa norma a través de
la Ley 26.053 que reconoce a las personas jurídicas como susceptibles de ser
licenciatarias de servicios de radiodifusión. La modificación de este
artículo implicó un avance para las radios comunitarias, pero no así para las
cooperativas de servicios públicos que prestan servicios de televisión por
cable. A partir de estos sucesos, las primeras obtuvieron del Comfer en mayo de 2006 un permiso precario de funcionamiento, al reconocer la titularidad de la licencia a
las entidades sin fines de lucro y el año pasado la radio de las Madres de
Plaza de Mayo y radio Viedma, que dirige el titular de la FARCO, obtuvieron la
licencia definitiva. Las cooperativas de servicios públicos, por su
parte, siguen sometidas a una supervisión discrecional del Comfer en los casos
en que ya hubiera cableras preexistentes en el lugar donde se solicita el nuevo
permiso, lo que les niega de facto el derecho que la ley les concede y les
prohíbe de hecho la prestación de servicios de televisión por cable,
configurando un monopolio en gran parte del país.
En tanto, la Comipren sigue funcionando pero sin realizar acciones de alto
impacto público y sus acciones han sido reactivas ante ataques a la libertad de
prensa, salvo la realización de una encuesta a periodistas para elaborar un
Código de Ética y la presentación del primer Informe del Observatorio Ciudadano
de Medios que creó en alianza con la UNC. Por su parte, la RAM no logró
articular las acciones de los medios que la integraron, salvo para la
organización de dos eventos conjuntos en 2003 (ver Córdoba, Nicolino y Segura,
2005).
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